Derecho Laboral: En la Empresa

La  Consultoría

Nos caracterizamos por un servicio de consultoría ágil, práctico y preventivo. Esta consultoría comprende, por un lado, la asesoría frente a situaciones de conflicto frente a empleados o frente a cualquier autoridad administrativa de trabajo, y por otro lado, la asesoría en la implementación de normas internas y políticas de personal a mediano y largo plazo.

ASESORÍA PERMANENTE: Ofrecemos orientación legal en torno a la aplicación de la legislación laboral mediante un flujo constante de preguntas y respuestas vía e-mails, así como también consultas verbales vía telefónica. En este servicio, procuramos siempre indicarle al cliente no sólo lo que la ley expresa en torno a su caso, sino también en ofrecerle dos o más alternativas o caminos a seguir en la solución del caso consultado.

EXAMEN DE DOCUMENTOS Y ORIENTACIÓN LEGAL PREVENTIVA: La administración de los recursos humanos en República Dominicana  implica mucho papeleo y el llenado y registro de un sinnúmero de formularios y comunicaciones ante las autoridades administrativas tanto de trabajo como de la Seguridad Social. A través del website de la firma mantenemos al día una sección de “Modelos & Formularios” en donde el cliente puede accesar a la documentación más usual en materia laboral. Luego, la firma ofrece el servicio de revisión y examen de otros tipos de documentos que van surgiendo en el día a día de la administración de los recursos humanos: Actas de infracción o informes de inspección levantados por representantes de la Secretaría de Estado de Trabajo, proyectos de contratos de trabajo a negociarse con ejecutivos o gerentes conteniendo cláusulas especiales, notificaciones de actos judiciales, etc.

CONSULTAS ESCRITAS PARA CASOS ESPECÍFICOS: Con bastante frecuencia, se requiere que nuestro bufete emita una opinión jurídica motivada en relación a una situación de conflicto determinada y a partir del examen de hechos y documentos que afronta determinada empresa. Nuestra firma suele emitir consultas formales escritas, por ejemplo: En caso de una fusión o adquisición entre dos grupos empresariales en donde una parte posee sindicato y convenio colectivo y la otra no; en casos en que uno o varios altos ejecutivos han cometido un fraude en perjuicio de la empresa y se requiere analizar la factibilidad de una acción judicial a partir de hechos y documentos aportados. En fin, la firma evacua consultas escritas en toda ocasión en que el cliente desea adoptar una decisión de cierta importancia contando para ello con una opinión legal especializada.

Reglamentos Internos de Trabajo

Cada vez con mayor frecuencia las empresas desean establecer normas internas adaptadas a la naturaleza del lugar de trabajo y a sus necesidades de negocios. El Código de Trabajo y su reglamento establecen una normativa general para toda clase de trabajos y empresas, que no siempre prevén situaciones propias y exclusivas de una determinada actividad.
El bufete se ocupa de redactar y preparar reglamentos internos de trabajo plasmando los detalles, información y condiciones requeridos por el cliente de modo tal que guarden armonía con los requisitos legales habitualmente requeridos por el Departamento de Trabajo.
Un reglamento interno de trabajo suele contener normas relativas a la disciplina en el lugar de trabajo, normas referentes a los distintos tipos de jornadas de trabajo (nocturnas, diarias, parciales) u horarios rotativos (días de trabajo semanales, descansos, etc.), normas de higiene y seguridad industrial, normas relativa a la solución de conflictos, etc.

Visa y Permisos de Trabajo para Extranjeros

A partir de la reforma de la Seguridad Social que fue introducida en la República Dominicana en el año 2001, todo empleado, dominicano o extranjero, debe contar con un número de cédula de identidad a fin de estar debidamente afiliado al Sistema de Seguridad Social.
Con el auge del comercio y de la globalización cada vez con mayor frecuencia las empresas traen al país personal extranjero para desempeñar funciones técnicas de asesoría o para ocupar cargos gerenciales (de Europa y Norteamérica). Asimismo, se ha incrementado la inmigración desde países latinoamericanos (cubanos, colombianos, venezolanos, etc.). Para todos estos casos, el bufete ofrece el servicio de regularización de permiso de residencia o visado, de modo que cuenten con un número de identidad nacional, pudiendo suscribir legalmente cualquier contrato de trabajo y estar afiliados a la Seguridad Social.
Estos procedimientos conllevan generalmente la redadcción y firma de un contrato de trabajo escrito, una autorización emitida por el Departamento de Trabajo, y otras formalidades ante la Secretaría de Estado de Interior y Policía y la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores.

Auditorías Laborales:

Las auditorias laborales consisten en una revisión de la administración de recursos humanos de una empresa o grupo de empresas en todo lo atinente a políticas de personal, formalidades seguidas en caso de despido, suspensión de empleados, modificación de condiciones de trabajo y cualquier otro tipo de cambio que afecte la contratación de personal. Comprende la verificación de los registros y avisos exigidos por la ley y que deben ser llevados, tanto ante la Secretaría de Estado de Trabajo como también frente a la Tesorería de la Seguridad Social.
La auditoria laboral tiene por objeto ahorrar problemas y conflictos a la empresa: Así por ejemplo, desde que una empresa rectifica los procedimientos seguidos para casos de despido estará en mejores condiciones de afrontar una demanda laboral o incluso en mejor situación frente a un empleado conflictivo o que ha cometido una falta grave. Igualmente, a partir de una auditoria laboral, la empresa puede ahorrarse eventuales sometimientos de inspectores de la Secretaría de Estado de Trabajo o sometimientos de la Tesorería de la Seguridad Social.

Cursos-Talleres y Seminarios

El bufete, en conjunto con el Instituto de Estudios del Trabajo, Inc. (www.institutoestudiosdeltrabajo.org.do) ofrece distintos cursos-talleres y seminarios sobre la aplicación de la legislación de trabajo y de seguridad social. Estos cursos se ofrecen de distintas formas: Se imparten a determinados empresas o grupos de empresas que así lo solicitan o se ofrecen al público en general o a un sector determinado de la economía (asociaciones de hoteles y restaurantes, asociaciones de profesionales, tales como contadores, gerentes de recursos humanos, estudiantes universitarios, etc.). En este último caso, los cursos o seminarios suelen impartirse en colaboración con una entidad dedicada a la formación continua o con una asociación gremial que tiene entre sus programas la formación continua para adultos.
Por lo general, la empresa, grupo de empresas o asociación que desea el curso-taller o seminario anuncia cuales son sus prioridades y aspectos de interés. Algunos requieren un curso nada más en seguridad social; otros en cambio, el manejo de la ley en el lugar de trabajo concentrado en las medidas disciplinarias; otros prefieren una visión general de la Ley Laboral pero con énfasis en algún tema tal como la protección a la maternidad, la formación de sindicatos, el procedimiento litigioso ante los tribunales, etc.

Derecho Laboral: En los Tribunales

Litigios ante los Tribunales de Trabajo

El bufete maneja muchos casos litigiosos en los tribunales de trabajo, de diferentes tipos y en diferentes regiones del país. La gran mayoría de los casos se refiere a demandas de trabajadores en contra de las empresas, aunque también el bufete asume constantemente la representación de empleados, grupos de empleados y sobre todo altos ejecutivos en contra de empresas.

FRENTE A DEMANDAS DE TRABAJADORES: El 90% de las demandas de trabajadores contra las empresas en la República Dominicana se genera a partir de la terminación del contrato de trabajo, y contienen como reclamación básica el pago de las prestaciones laborales (o indemnización por ruptura abusiva de contrato). Durante los últimos cinco años –y sobre todo a partir de la ley de Seguridad Social del 2001– se han añadido las reclamaciones en daños y perjuicios basadas en múltiples alegatos (no pago de salarios, comisiones u horas extras en los tiempos previstos en la ley; falta de afiliación o pago incompleto a la Seguridad Social; discriminación por embarazo).
El bufete asume la representación y defensa de empresas en estos casos desde su fase inicial cuando la empresa recibe la demanda hasta  la fase final en Casación ante la Suprema Corte de Justicia.
Desde que llega el caso, recabamos toda la información posible con el cliente, luego fijamos una estrategia de defensa rindiendo un informe inicial sobre el caso y sus posibilidades de éxito. Cada audiencia que se celebra, cada testimonio que se escucha o cada documento que se presenta, hace que el bufete revise la estrategia de defensa inicialmente trazada, y si la situación lo amerita replantee las cosas al cliente.  En cada caso, los expedientes en los tribunales son seguidos paso a paso hasta su fase final.

DEMANDAS RECONVENCIONALES Y PRINCIPALES CONTRA EMPLEADOS: Las demandas reconvencionales son aquellas que la empresa se ve precisada a interponer en contra de un empleado cuando éste a su vez la ha demandado. Este tipo de demandas es cada vez más frecuente y ocurre, por ejemplo, cuando un empleado, luego de haber cometido un fraude o robo dentro de la empresa, interpone una demanda en cobro de prestaciones laborales; o también, cuando un empleado toma un préstamo en donde su empleador se convirtió en garante y debe forzosamente pagar la deuda contraída por el empleado; o cuando un alto ejecutivo ha robado clientes a su empleador formando una empresa paralela haciendo uso de la información confidencial a que tiene acceso en su condición de empleado. En todos estos casos, o situaciones similares, el bufete analiza la factibilidad de la demanda reconvencional al momento de fijar la estrategia de defensa frente a la demanda principal interpuesta por el empleado.

DEMANDAS CONTRA EMPRESAS REPRESENTANDO EMPLEADOS: La firma ha llevado exitosamente importantes casos defendiendo gerentes generales, gerente de ventas, gerentes financieros, encargados de departamentos, grupos de trabajadores, etc. en contra de empresas y grupos de empresas, reclamando prestaciones laborales y ejerciendo acciones en responsabilidad civil (daños y perjuicios). De hecho, el bufete tiene por norma asumir siempre, por lo menos un 10% de sus casos litigiosos, representando a empleados, preferentemente altos ejecutivos o grupos de trabajadores. Hemos comprobado que esta práctica nos ha permitido mejorar la asesoría en la administración de los recursos humanos, y muy especialmente las defensas de las empresas en los tribunales: No es lo mismo asumir la defensa de una empresa (que siempre son las demandadas en los tribunales) luego que uno ha estado en el otro bando, representando a los trabajadores como parte persiguiente. Esto permite tener una visión más acabada de las normas procesales, e incluye contribuye a apreciar la aplicación de la norma laboral de un modo más equilibrado y objetivo.

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS Y RECURSOS DE APELACIÓN: Una buena parte de los casos llegan a nuestras manos en grado de apelación, es decir cuando ya otro abogado ha asumido la representación de la empresa ante el tribunal de Primer Grado y ha surgido una sentencia condenatoria en perjuicio de la empresa. En tales casos, el bufete tiene la encomienda de evitar una ejecución forzosa de la sentencia y enderezar el caso ante la Corte de Apelación. Son situaciones ambas difíciles: Primero, debe acudirse al Juez de los Referimientos (juez de la urgencia) a fin de que ordene a breve término una suspensión de la ejecución de la sentencia, y segundo, debe asumirse una defensa en apelación condicionada a lo que ya se ha evidenciado o planteado ante el tribunal de Primer Grado.
Por lo general, los casos que recibe el bufete en esa situación suelen estar más perdidos que ganados y el bufete asume la encomienda de revertir ese estado de cosas ante los jueces de la Corte de Apelación. Entendemos que el bufete ha tenido bastante éxito en estas encomiendas.
 
MEMORIALES DE CASACIÓN ANTE SUPREMA CORTE DE JUSTICIA: Llegan también al bufete casos que han sido llevados en su totalidad ante los jueces que conocen el fondo (o sea, los hechos y evidencias del caso) a fin de que el bufete, primero, revise el expediente completo y diagnostique si es factible la anulación o casación del fallo emitido por las cortes, y segundo, en caso de ser viable una casación de la sentencia, proceda a presentar un Memorial de Casación en representación del cliente, y obviamente en sustitución del abogado que ha llevado el caso ante los jueces del fondo.
En el sistema jurídico de la República Dominicana, la Suprema Corte de Justicia no conoce el fondo de los casos (salvo algunas excepciones de juicios a secretarios de estado, diputados, síndicos, etc.), sino que tan solo se limita a hacer una revisión de los aspectos de derecho (no los hechos o evidencias) que atañen al caso. La función entonces del bufete es presentar un Memorial de Casación en donde se demuestren los vicios que afectan la sentencia dictada por la Corte de Apelación y que ameritan su casación o anulación. Para esta labor se requiere un dominio amplio y especializado de una materia o rama del derecho determinada, tal y como ocurre con nuestro bufete especializado en Derecho Laboral y Seguridad Social.

RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD ANTE SUPREMA CORTE DE JUSTICIA: El bufete es también contratado a fin de elevar recursos de inconstitucionalidad en contra de leyes, reglamentos y otras disposiciones dictadas en materia laboral y de Seguridad Social. Los recursos de inconstitucionalidad los conoce la Suprema Corte de Justicia y por lo general deben estar sólidamente sustentados, con una excelente motivación y alto grado de experticio no solo en derecho constitucional sino también en la rama del Derecho a que se refiere el recurso. Estos recursos guardan similitud a los memoriales de casación, no solo por que van dirigidos a la Suprema Corte sino por que deben estar adecuada y legalmente sustentados.
La función del bufete es, primero, examinar la intención del recurso, esto es, el texto que el cliente invoca como inconstitucional y los agravios que le causa, segundo, determinar su factibilidad buscando las fuentes de derecho, es decir principios jurídicos, jurisprudencias, convenios internacionales y la propia Constitución de la República que se consideren vulnerados, y tercero, la preparación e interposición del recurso con el consecuente seguimiento de los pasos procesales que implica dicho recurso.

Procesos Penal-Laborales

A partir de la aprobación del nuevo Código de Trabajo en el año 1992 se instituyó el Ministerio Público para asuntos laborales adscrito a la Secretaría de Estado de Trabajo, y desde entonces ha cobrado vida el sistema de inspección laboral en la República Dominicana. Igualmente, desde entonces el bufete ha debido incursionar en la materia denominada penal-laboral, asumiendo la defensa de empresas que son sometidas por las autoridades de trabajo por supuestas infracciones penales previstas en el Código de Trabajo.

ACTAS DE INFRACCIONES DE INSPECTORES DE TRABAJO: El servicio de inspección de la Secretaría de Estado de Trabajo posee un cuerpo de inspectores que tiene la encomienda de visitar las empresas periódicamente, primero, con el objetivo de verificar si la empresa está cumpliendo con todas las formalidades y registros exigidas por la ley y los reglamentos, y segundo, con motivo de las denuncias que hacen trabajadores o sindicatos de trabajadores en relación a casos o situaciones específicas sancionadas penalmente. Generalmente, el inspector hace una visita a la empresa y si comprueba la existencia de una infracción otorga un plazo prudente de 48 ó 72 horas, o de días, a fin de que la empresa rectifique la situación, y si la empresa no obtempera al requerimiento del inspector, éste levanta un Acta de Infracción que es remitida al Ministerio Público adscrito a la Secretaría de Estado de Trabajo.

SOMETIMIENTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ASUNTOS LABORALES: Levantada el Acta de Infracción en contra de la empresa, esto no quiere decir que sea cierto la infracción que le atribuye el inspector a la empresa. Muchas veces, el inspector ha actuado influido por el denunciante (trabajador o sindicato) u otras veces la administración de la empresa no ha sido receptiva con el inspector, o por el contrario éste se ha excedido en sus indagaciones,  y el Acta de Infracción resulta a fin de cuentas infundada. En cualquier caso, el expediente es transferido al Ministerio Público quien termina apoderando al Juzgado de Paz en atribuciones penales-laborales. El bufete asume la defensa del cliente en estos casos procurando, sea un descargo total, o sea la imposición a una pena mínima.

 

Negociación Colectiva, Sindicatos & Huelgas

En el primer convenio colectivo de trabajo que se suscribió en la República Dominicana (pacto colectivo de Empresas E. León Jiménez, C. x A., año 1957, Santiago: industria de cigarros) estuvo presente como Consultor Jurídico de la Secretaría de Estado de Trabajo el Dr. Lupo Hernández Rueda. Desde entonces, durante más de tres décadas (1960 hasta 1980), en todas las grandes negociaciones colectivas de trabajo del país y en los más sonados e importantes conflictos de huelga de trabajadores (Minería: Falconbridge Dominicana, C. x A., Rosario Dominicana, C. x A.; Telecomunicaciones: Compañía Dominicana de Teléfonos, C. x A.; Medios o Prensa Escrita: Editora Listín Diario, C. x A.; Industria Láctea: Nestlé Dominicana, C. x A.; Metalúrgica: METALDOM; Industria Azucarera: Central Romana Corporation; Industria de Cerámica: Cerámica Industrial del Caribe, C. x A., CERINCA; Agricultura: Frutas Dominicanas, C. x A., FRUDOCA; Industria de Dulces: Dulcera Bolonotto Dominicana, C. x A.; Agroindustrial: Sociedad Industrial Dominicana y apéndices) el Dr. Lupo Hernández Rueda ha participado como Asesor Legal.
Esa práctica profesional ha sido continuada por su hijo, el Dr. Carlos Hernández, quien desde la década de 1990 ha participado en importantes negociaciones colectivas, primero junto a su padre, y más adelante por separado (Construcción y Carreteras: Ferrovial Agroman, S. A.; Minería: Falconbridge Dominicana, C. por A.; Termoeléctrica: Distral Térmica, C. A.; Textil: Han Chang Textil, S. A.  y Bonahan Apparel, S. A.; Consorcio de Empresas Estatales, CORDE; Frutas Dominicanas, C. por A., FRUDOCA; Conglomerado diversos: Grupo Mercasid; Agroindustria: Empresas Helados Bon, C. por A. Industria de Dulces: Dulcera Bolonotto Dominicana, C. x A.; Construcción y prefabricados: Tavares Industrial, C. por A.; Construcción Presas y re-presas: Consorcio Río Blanco; Medios de Comunicación: Editora Listín Diario, C. por A.; Transporte: Asociación de Transportistas de Petróleo y Derivados, Inc.).
El bufete continúa ofreciendo estos servicios aún cuando la sindicalización de trabajadores, y por ende la negociación colectiva, ha mermado sustancialmente con el inicio del siglo XXI.

ASESORÍA DURANTE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE CONDICIONES DE TRABAJO: El bufete ofrece asesoría durante todo el proceso de la negociación colectiva de condiciones de trabajo, sea con participación directa en la negociación o sea mediante consultas externas a quienes se encuentran en las mesas de negociaciones. La asesoría en la negociación colectiva se ofrece en los mismos lugares de trabajo, es decir, en espacios habilitados al efecto por las gerencias de las empresas, pero también se ofrece bajo la intervención de la Dirección de Mediación y Arbitraje de la Secretaría de Estado de Trabajo.

ESTUDIO DE PLIEGO DE CONDICIONES DE PACTOS COLECTIVOS SOMETIDOS POR SINDICATOS: Toda negociación de convenios colectivos inicia con la presentación de un pliego de condiciones, por lo general sometido por el sindicato de trabajadores. La primera asistencia que ofrece el bufete en ese sentido, es el análisis del pliego de condiciones rindiendo un informe a la empresa que tiene como base, por un lado, la experiencia acumulada de la firma durante décadas de negociación colectiva, y por otro lado, los precedentes (cláusulas de otros convenios colectivos, jurisprudencias, textos de ley, y hasta lo pactado en convenios colectivos de otros países) que han ido estableciéndose con el transcurrir de los años.
Durante la negociación colectiva surgen propuestas y contrapropuestas; muchas veces se trata de contrapropuestas que hace la empresa al pliego inicial presentado por el sindicato, pero otras veces se trata de contrapropuestas a determinadas cláusulas en particular. En cada uno de estos supuestos, el bufete presta la debida asesoría legal que necesita el cliente en tales casos.

ASESORÍA EN LA FORMACIÓN DE SINDICATOS DE TRABAJADORES: El bufete ofrece asesoría en todo caso de formación de comité gestores de sindicatos de trabajadores cuyos miembros gozan de amparo o fuero sindical. A partir de la reforma del nuevo Código de Trabajo de 1992, gozan de fuero sindical los dirigentes sindicales que forman parte de un comité gestor de un sindicato, los que forman parte de la negociación colectiva y los que forman parte de la dirección del sindicato (hasta un número determinado por la ley). La empresa no puede despedirlos sin cumplir con un procedimiento especial de protección previsto en la ley, so pena de ser acusada de ejercer prácticas antisindicales.
El bufete ofrece asesoría transmitiendo al cliente toda la información legal que se refiere a la formación de sindicatos y le advierte la medida o límite de sus derechos respecto a los dirigentes sindicales protegidos por fuero sindical a fin de evitar cualquier práctica antisindical. Asimismo, el bufete orienta al cliente en relación a las prácticas imperantes en torno a la formación de sindicatos.

ASESORÍA FRENTE A HUELGAS DE TRABAJADORES: Por lo general, las huelgas de trabajadores son previsibles. Al menos, los hechos que le dan origen surgen siempre en el lugar de trabajo y se desprende de algún malestar o una intención colectiva que desemboca en una paralización de actividades. Dependiendo de como se desarrolle la huelga, es decir de qué formalidades se sigan antes de paralizar el trabajo, la huelga se reputará legal o ilegal.
El bufete brinda asesoría a la gerencia de recursos humanos, primero, en relación a como debe recabar las evidencias de la paralización de labores (con informes de inspección, videos de grabación, testimonios de supervisores o de empleados, etc.), y segundo, en relación al procedimiento de calificación de la huelga y/o al procedimiento de despido de los dirigentes sindicales que han provocado la huelga (si la huelga es ilegal).

REPRESENTACIÓN Y DEFENSA ANTE LA DIRECCIÓN DE CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN: La Dirección de Mediación de la Secretaría de Estado de Trabajo interviene generalmente al estancarse la negociación directa entre las partes. Cuando esto ocurre, el sindicato o la empresa denuncia la situación ante las autoridades de trabajo, y la Dirección de Mediación suele convocar a las partes a la sala de negociaciones de esa dependencia. En teoría, la negociación sigue siendo entre dos partes, pero en hechos se convierte en tripartita. El bufete participa o asesora también en este escenario de negociación.

CALIFICACIÓN DE HUELGAS Y ARBITRAJE: Los conflictos colectivos y las huelgas que desembocan en un Arbitraje son escasos en el país. De todos modos, el bufete ha tenido experiencia en importantes casos, tal como lo fue el sonoro Arbitraje surgido del conflicto colectivo entre Nestlé Dominicana y su sindicato, en San Francisco de Macorís en los años 1980, así como otros arbitrajes surgido de conflictos en el conglomerado de empresas estatales (hoy inexistente) Corporación de Empresas Estatales (CORDE).
El Arbitraje previsto en la ley dentro de las relaciones colectivas de trabajo es distinto del Arbitraje convencional que puede pactarse en contratos de trabajo, e incluso en convenios colectivos de trabajo. El Arbitraje legal (Arts. 680 y Sigtes. del CT) es forzosamente derivado de un conflicto colectivo, y el conflicto colectivo es por lo general fruto de una huelga de trabajadores (el lock-out o cierre de empresa es escaso. . . prácticamente inexistente).

Seguridad Social: La Consultoría

La asesoría en materia de Seguridad Social todavía no se encuentra bien definida, dado que el Sistema de Seguridad Social es nuevo y no está en vigencia en toda su plenitud. Pero además, la consultoría en esta materia ha resultado ser coyuntural. Así por ejemplo, durante los años 2001-2002 el interés de las empresas radicaba en conocer que traía consigo el nuevo sistema, en los años 2002-2004 el Gobierno o sus instituciones autónomas ligadas a la Seguridad Social se convirtieron en el primer “cliente” interesado en la Seguridad Social por el hecho de tener a su cargo la implementación del sistema y la preparación de los primeros reglamentos y normas complementarias, el 2005 fue un año en que surgieron los primeros conflictos  – digamos de rutina de una gerencia de recursos humanos – entre empresa y administración estatal, y el año 2006 fue un año “muerto” dado que, propiamente dicho, solo la Tesorería de la Seguridad Social y la Superintendencia de Pensiones, continuaron el proceso de implementación del nuevo sistema. En los años 2007 hacia adelante se prevé una definición y “normalización” de lo que sería el servicio de asesoría, representación y defensa y litigios en materia de Seguridad Social.

ASESORÍA PERMANENTE: La asesoría en materia de Seguridad Social comprende no solo a las empresas del sector privado sino también a las entidades tanto rectoras del sistema (CNSS, TSS, DIDA, SIPEN, SISALRIL, etc.) como también  a las prestadoras de servicios dentro del sistema (AFP, ARS, etc.). El bufete asesora y orienta a las empresas indicándole los pasos a seguir para la afiliación de sus empleados, en el pago de las cotizaciones, y procura siempre mantenerlas al día con relación a los últimos cambios anunciados por las autoridades rectoras del sistema en lo que atañe a las empresas. 

EXAMEN DE DOCUMENTOS Y ORIENTACIÓN LEGAL PREVENTIVA: La inobservancia de las obligaciones de pago de cotizaciones, afiliaciones de empleados, registro de empresas, etc. generan onerosas multas, recargos e intereses, difícilmente eludibles dado el efectivo sistema informático y cruce de informaciones de que dispone la administración de la Seguridad Social. Por tanto, el bufete ofrece asesoría y orientación a las empresas examinando sus políticas de personal y verificando el cumplimiento de las formalidades y registros de seguridad social. De todos modos, este servicio se facilita gracias a la tecnología disponible y las facilidades de acceso directo en los websites de las distintas instituciones de la Seguridad Social, las cuales por lo general contienen instructivos, paso a paso, de las formalidades a seguir.
Por lo general, el bufete interviene y detecta incumplimiento de las formalidades e procedimientos a raíz de conflictos con empleados.

CONSULTAS ESCRITAS PARA CASOS Y SITUACIONES ESPECÍFICAS: Desde el surgimiento de la nueva Ley de Seguridad Social en el año 2001, el bufete ha evacuado numerosas y variadas consultas escritas en torno a la aplicación de la nueva ley. Esto fue notorio, y hasta cotidiano, mientras el Dr. Carlos Hernández fungió como Asesor Legal del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), 2002-2004. Antes y después de esas funciones, la consultoría escrita ha continuado, tanto para empresas como para asociaciones de empresas y también para entidades del sistema.
Las consultas escritas suelen ser formales, debidamente motivadas y parten de la base de hechos, documentos y textos invocados por la parte solicitante más los argumentos de cualquier parte adversa o con un interés opuesto. Se contacta al bufete para que emita esa opinión legal que serviría eventualmente como soporte a una posición determinada de quien solicita la consulta.

PLANES DE PENSIONES COMPLEMENTARIOS: En este renglón de la Seguridad Social, el bufete ha tenido una destacada prestación de servicios. El bufete ha examinado y evacuado consultas en relación a múltiples y diversos planes o fondos de pensiones y jubilaciones (del sector público y del sector privado) del país. Podría decirse que la firma ha tomado conocimiento de los más importantes planes y fondos de pensiones y jubilaciones existentes en el país.
Los planes o fondos operan, unos al amparo de la Ley 520 de 1920 sobre asociaciones incorporadas sin fines de lucro, otros bajo el régimen de la ley 772 de 1978, y otros bajo leyes especiales (tales como el fondo de trabajadores sindicalizados de la construcción, el fondo de empleados de hoteles y restaurantes, etc.). Algunos planes funcionan amparados en su propia reglamentación (plan de pensiones de la Iglesia Católica, del Poder Judicial, del Banco Central, etc.).
Con la reforma de la Seguridad Social del año 2001 algunos de estos fondos han desaparecido, otros han subsistido y se han adaptado el nuevo sistema, y otros, han nacido a partir de la nueva Ley de Seguridad Social.
El bufete ha prestado asesoría de todo tipo y en muy variadas situaciones, en lo que a planes o fondos de pensiones se refiere: Ha asesorado en relación a la desaparición de planes de pensiones a partir de la nueva ley. Por el contrario, ha brindado asesoría en la creación de nuevos planes de pensiones a partir del régimen de la nueva ley.  Ha brindado asesoría con motivo de conflictos legales tenidos por estos planes o fondos de pensiones a partir de la nueva ley.

ANÁLISIS Y REVISIÓN DE PROYECTOS, LEYES Y REGLAMENTOS: El bufete, a través de sus miembros, ha participado en la elaboración de varios de los reglamentos y normas complementarias del nuevo Sistema de Seguridad Social. Ninguno de los reglamentos es autoría plena del bufete, dado que por lo general se le ha pedido la elaboración de un anteproyecto de reglamento que luego se ha sometido al escrutinio y debate de todos los sectores afectados por el reglamento en cuestión. En otras ocasiones, por el contrario, el proyecto de reglamento ha llegado a manos del bufete a fin de examinarlo y dar las opiniones legales de lugar.
En ese sentido, el bufete ha participado en la elaboración o examen  de los siguientes reglamentos: Reglamento interno del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), reglamento de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), reglamento de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), reglamento relativo al Seguro Familiar de Salud y Plan Básico, reglamento relativo a las ARS, reglamento de impugnaciones y apelaciones ante el CNSS, reglamento de la Contraloría General del CNSS, reglamento de Elección y Representación de Sectores ante el CNSS,  entre otros reglamentos más que ha generado el período de implementación del nuevo Sistema de Seguridad Social.
En lo que respecta a las normas de trabajo, el Dr. Carlos Hernández participó en la discusión y negociación tripartita, entre Gobierno y organizaciones de empleadores y de trabajadores, con motivo de la elaboración del proyecto de reglamento 258-93 para la aplicación del nuevo código de trabajo (1993), el cual se estableció a partir del nuevo Código de Trabajo de 1992, del cual el Dr. Lupo Hernández Rueda fue co-autor.

 

Seguridad Social: Los litigios


El servicio en esta materia, esto es, la representación y defensa en litis de Seguridad Social aún está en “pañales”, dado que el sistema tiene poco años de vigencia (desde el año 2001), con la agravante que la nueva ley no previó expresamente normas procesales para la solución de conflictos.
Todo eso ha traído consigo que cada caso litigioso que surge tiene que pasar primero por un filtro que implica descifrar o definir la jurisdicción competente para la solución de la litis, conjugando los principios generales del Derecho Procesal, con los limitados y ambiguos textos de la nueva ley de Seguridad Social que se refieren a procedimientos y litigios.
Ese “filtro” lo hace el bufete. Es decir que el bufete, cuando llega el expediente a sus manos - digamos de una AFP contra la TSS, o de un afiliado accidentado contra la ARS Salud Segura o contra un empleador– el bufete determina ante todo cual sería la jurisdicción competente y luego determina las bases de sustentación de la demanda, o de la defensa respecto a una demanda, según el caso.
Con el transcurrir de los años, ha de suponerse que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia irá definiendo las competencias de atribución de las distintas jurisdicciones en materia de Seguridad Social.

RECLAMOS DE TRABAJADORES ANTE TRIBUNALES LABORALES: Las demandas en responsabilidad civil (daños y perjuicios) por ante los tribunales de trabajo es la acción litigiosa más frecuente, hoy en día, en materia de Seguridad Social, entre trabajadores y empleadores. Hasta el año 2001, en el país no había una cultura de afiliación y pago de la Seguridad Social. Muy por el contrario, estando tan desacreditado el viejo sistema de Seguros Sociales, ni siquiera los trabajadores reclamaban su afiliación o el pago de la cotización. Actualmente las cosas son distintas y este tipo de reclamaciones ya no falta en ninguna demanda laboral, lo que ha fomentado una tendencia a cumplir con la nueva ley de Seguridad Social.

SOMETIMIENTOS PENALES DE LA TSS: Durante los años 2005-2006, las empresas comenzaron a pagar recargos y multas por falta o por retardo en el pago de cotizaciones. A partir del año 2007, la Tesorería de la Seguridad Social está formalizando, conjuntamente con el Ministerio Público la creación de un sistema de cobros y sometimientos a empresas por falta o retardo en el pago.
La ley pone a cargo de la TSS la obligación de cobre de aportes, cargas y moras, asi como la persecución de empresas evasoras de la obligación de cotizar. Ese proceso compulsivo de cobro indefectiblemente generará litis con las empresas sometidas, que obviamente deberán estar debidamente asistidas y representadas.

APELACIONES CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVAS ANTE EL CNSS: El bufete ofrece el servicio de representación y defensa en procesos contenciosos-administrativos, elevando impugnaciones ante el CNSS en contra de resoluciones o decisiones adoptadas por las autoridades rectoras del sistema. Eventualmente, la decisión del CNSS es impugnada por ante el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo (Ley 13-07 del 2007), cuya decisión a su vez puede ser impugnada por ante la Suprema Corte de Justicia.
El bufete tuvo las primeras experiencias tenidas en el país en esta materia, mientras el Dr. Carlos Hernández fungía como Asesor Legal del CNSS y en esa virtud tuvo que tomar conocimiento de las variadas impugnaciones o apelaciones en contra de resoluciones adoptadas por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales.

LITIGIOS CON ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS: AFP, ARS, IDSS, ETC.: Los litigios en contra o a favor de entidades prestadoras de servicios dentro del sistema es otro renglón en donde el bufete asume la representación y defensa. Así por ejemplo, el bufete ha prestado asistencia y asesoría a una AFP frente a reclamos de un afiliado que considera haber adquirido el derecho a pensión frente a la AFP que sostiene que esa persona no ha reunido las condiciones de exigibilidad; el caso de los familiares de un afiliado que inicialmente demandan al ex-empleador y éste pone en causa a la AFP atribuyéndole responsabilidad a esta última; o el caso de una AFP que reclama a la Tesorería de la Seguridad Social la entrega de fondos bajo el alegato de que el empleador pagó las afiliaciones correspondientes; etc.
En fin, el bufete asume este tipo de representación y defensa en donde se encuentra envueltas las entidades prestadoras de servicios.

Proyectos de leyes y reglamentos

Los miembros del bufete muy especialmente a través del Dr. Lupo Hernández Rueda y de su hijo el Dr. Carlos Hernández han tenido una importante  incidencia en la elaboración de la legislación laboral y de Seguridad Social dominicanas.
En efecto, el Dr. Lupo Hernández Rueda es co-autor del nuevo Código de Trabajo vigente en la República Dominicana desde el año 1992 (Comisión integrada además por el Dr. Milton Ray Guevara, Ex-ministro de Trabajo y el Dr. Rafael Alburquerque, Vicepresidente de la República, nombrada por Decreto del Presidente Joaquín Balaguer, año 1991), mientras que el Dr. Carlos Hernández en su condición de Asesor Legal del Consejo Nacional de Seguridad Social participó en la elaboración de la normativa complementaria a la ley de Seguridad Social.
Es frecuente que el bufete preste asesoría al sector privado, a través de asociaciones o agrupaciones empresariales, a congresistas e incluso a dependencias autónomas del Estado, en la elaboración de proyecto de leyes y reglamentos en materia de trabajo y Seguridad Social.
En esa labor, el bufete tiene la ventaja de estar al día en las últimas jurisprudencias sentadas por la Suprema Corte de Justicia, e igualmente la ventaja de manejar y conocer cotidianamente la aplicación de las leyes laborales y de Seguridad Social a través de la consultoría a empresas y sus gerencias de recursos humanos.

Derecho Internacional del Trabajo

El bufete ha tenido interesantes ocasiones de asumir casos de connotación internacional, tanto a niveles de interés privado como a nivel nacional.
En efecto, a nivel de Derecho Internacional Privado, el bufete ha participado en negociaciones de contratos de trabajo de altos ejecutivos cuya prestación de servicios ha abarcado la zona del Caribe, México y varios estados de Estados Unidos, lo mismo que la representación y defensa de empresas frente a demandas de altos ejecutivos cuyos contratos se han pactado bajo la aplicación de leyes del estado de New York, Florida o Texas, pero el servicio se ha prestado simultáneamente en países de Centroamérica, Colombia y República Dominicana.
A nivel de Derecho Internacional Público, el bufete representó al país, en la persona del Dr. Lupo Hernández Rueda, y en calidad de Asesor Técnico, ante la Comisión de Expertos de la OIT con motivo de acusaciones de violación a los derechos fundamentales de los trabajadores haitianos en el país. Igualmente, con motivo de la misma acusación, pero contratado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) se asumió exitosamente la defensa del país ante una Comisión de Comercio del Congreso de los Estados Unidos.
Asimismo, durante varios años tanto el Dr. Lupo Hernández Rueda como el Dr. Carlos Hernández han sido parte de la delegación dominicana, en calidad de asesores técnicos del sector empleador, ante la Conferencia Anual de Trabajo de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

Otras áreas de Práctica